HISTORICIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ARGENTINA
CICLO COLONIAL
La enseñanza terciaria se inauguró en el actual
territorio argentino en 1607 cuando los jesuitas fundaron en Córdoba el Colegio
Máximo, dedicado a dotar a la diócesis de sacerdotes “aptos” para el culto.
Sobre la base del Colegio Máximo, nació en 1623 la Universidad de Córdoba que
estuvo impedida de conceder grados hasta 1664. El sistema pedagógico estaba
ajustado a las “Ratio Studiorum”,
según la cual el maestro leía en voz alta las lecciones y los alumnos las
repetían, también en voz alta, hasta memorizarlas. El contenido de la lectura
no podía ser discutido ni alterado por razonamiento alguno.
El Rey Carlos III de España, expulsa a los jesuitas y la
Universidad cordobesa queda en manos de los franciscanos. Los docentes eran
nombrados por el Virrey, los graduados debían jurar obediencia al Rey, a sus
ministros y a sus leyes, al Rector y a la constitución de la universidad. Esa
instrucción propagó el oscurantismo, las supersticiones teológicas y la
negación del conocimiento.
En 1800 la Universidad de Córdoba seguía expresando la ausencia de
desarrollo industrial en el Virreinato del Río de la Plata.
Ya en 1801, en Buenos Aires se inauguraba el primer
curso de la Escuela de Medicina. La Asamblea General Constituyente en 1813 crea
la Facultad de Medicina y Cirugía de Buenos Aires –que jamás llegó a funcionar-
y se transforma en el Instituto Médico Militar con el objetivo de proveer
médicos y cirujanos a los ejércitos que luchaban por la Independencia.
Las ideas libertarias que la revolución había traído cumplieron su papel en
materia educacional: los jóvenes se inclinaban en su mayoría por el estudio de
las matemáticas y cada vez menos la filosofía y teología.
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO-NACIÓN Y LA UNIVERSIDAD
La Universidad de Buenos Aires fue creada el 12 de
agosto de 1821. Allí se enseñaba: físico matemática, economía, política,
dibujo, química general, geometría descriptiva, cálculo, mecánica de fluidos y
sólidos, física experimental y astronomía.
La vida universitaria argentina tuvo que enfrentarse
contra el avasallamiento del poder político:
1824 el gobernador Bustos suprime la autonomía universitaria y dispone que
la universidad quedará bajo directa inspección del gobernador;
1831 el gobernador Reinafé quita al claustro universitario la atribución de
nombrar sus propias autoridades. El Rector se convertirá en empleado de la
administración;
1835 Rosas incorpora a la fórmula de juramento de los egresados el
compromiso de “ser constantemente adicto y fiel a la causa nacional de la
Federación” y que no dejará de “sostenerla y defenderla en todos los medios y
circunstancias, por cuantos medios estén a su alcance”;
1838 se retira el respaldo financiero a la universidad a causa de la
agresión militar y bloqueo francés;
1852 Vicente López deroga el decreto rosista sobre los gastos de la
enseñanza.
1871 Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública elaborada por Juan
María Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires en 1861. El debate
quedó abierto. Por un lado el rector J. M. Gutiérrez defensor de la Universidad
Libre y por el otro el ministro Antonio Malaver defensor de la Universidad del
Estado.
1873 en la convención constituyente de la provincia de Buenos Aires no se
impidió el establecimiento de universidades privadas, pero, a propuesta de J.
M. Gutiérrez, se hizo una distinción entre título científico y título
profesional: este último era el único que habilitaba para ejercer la profesión
y sólo podía ser otorgado por el Estado.
El país de
terratenientes que se consolidaba en 1880 fue el que generó la Ley
Universitaria de 1885 –Ley Avellaneda-,
esa norma legal reordenó los modos de funcionamiento de las universidades de
Buenos Aires y Córdoba, -las únicas en el país- y rigió la vida universitaria
hasta 1947.
LA RESIGNIFICACIÓN DE LA REFORMA
UNIVERSITARIA DE 1918
La Reforma Universitaria en la Argentina del ’18 marcó un momento de inflexión
en la vida de la Universidad. Hasta aquellos años predominaba la enseñanza oscurantista
clerical, de la misma manera que los Consejos Académicos eran vitalicios; esto
significó la perpetuación de las distintas camarillas en el poder. La
investigación era nula y los métodos pedagógicos primitivos.
Fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba quienes iniciaron
el movimiento reformador que más tarde se extendió por todo el país, y pocos
años después a gran parte de América Latina. Los estudiantes cordobeses
proclamaron el "Manifiesto de Córdoba", cuyos postulados básicos
eran:
1. El cogobierno de profesores y estudiantes.
2. La autonomía política, docente y administrativa de
la universidad.
3. La elección de los dirigentes de la universidad
por asambleas de profesores, estudiantes y egresados.
4. El fortalecimiento de la función social de la
universidad.
5. La gratuidad de la enseñanza y ayuda social a los
estudiantes.
6. La elección de profesores por medio de concursos
públicos y la supresión de su autoridad incuestionable.
7. La renovación periódica de los nombramientos a los profesores.
8. La asistencia libre a clases.
9. La libertad de cátedra.
10. La inclusión de estudios humanísticos y de
problemas sociales en los planes de estudio de las carreras profesionales.
Los cambios que generó la reforma fueron muy significativos. La Reforma reflejó
la emergencia social y el protagonismo creciente de la incipiente burguesía
industrial y de la pequeña burguesía urbana, cuyos intereses entraban en
contradicción con la vieja oligarquía terrateniente y su control absoluto sobre
la vida política y social del país. Esto ya se manifestó dos años antes (en
1916) cuando la oligarquía terrateniente tuvo que consentir la promulgación del
sufragio universal masculino y la llegada al poder del gobierno “plebeyo” de
Irigoyen.
Los cambios más significativos que introdujo la Reforma de 1918 fueron:
-la modernización de la enseñanza y los planes de
estudio, arrinconando el modo de enseñanza dogmática, clerical, autoritaria y
conservadora;
-la participación de los estudiantes en el gobierno
universitario (cogobierno), si bien con una presencia minoritaria en el mismo;
-la Autonomía Universitaria;
-el ingreso irrestricto;
-el acceso a los cargos docentes por concurso público y
por un período establecido; y
-el reconocimiento de los centros de estudiantes
elegidos democráticamente. Fue, en medio de las movilizaciones estudiantiles de
aquellos años que se fundaron la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la
Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Además de la introducción del cogobierno estudiantil, la
innovación más destacada de la Reforma fue la implantación de la Autonomía,
que daba a las universidades plena potestad normativa para dictar sus propios
estatutos y reglamentos, para organizar sus estudios (aprobar planes y
programas, crear carreras), para disponer y administrar sus bienes y rentas, y
para organizar sus servicios, nombrar y remover a su personal docente y
administrativo.
Para la clase dominante, la universidad pública nunca
fue un fin en sí mismo sino el medio para satisfacer las necesidades
económicas, científicas y de administración del sistema capitalista. De ahí
que, particularmente a partir de los años 50, decidiera tomar bajo su control
directo una parte de los estudios superiores para sus propios objetivos,
poniendo fin al monopolio que el Estado ejercía en los mismos. Así, tras el
derrocamiento de Perón, el Ministerio de Educación ya intentó promulgar en
1955, un decreto, el Nº 6.043, sobre reorganización universitaria que en su
art. 28 decía: “La iniciativa privada
puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas
y títulos habilitantes, siempre que se sometan a las reglamentaciones que se
dictarán oportunamente”.
En marzo de 1958 tuvieron lugar elecciones nacionales (con
la proscripción del peronismo y los partidos de izquierda-PC) que colocaron en
la presidencia a Frondizi, quien ya había designado una comisión para elaborar
un proyecto sobre funcionamiento de universidades privadas. El 19 de
septiembre, la FUA convocó una manifestación imponente en defensa de la
Educación pública, laica, estatal y
gratuita. Se concentraron en el Congreso más de 250.000 personas.
Adhirieron casi todos los partidos políticos, varias universidades extranjeras
y medio centenar de sindicatos. El 26 de septiembre, la Cámara de Diputados,
por 109 a 52 votos, dispuso derogar el artículo 28 del Decreto 6043/55. Todo el
reformismo cantó loas a la “victoria” obtenida y a las bondades del Parlamento.
Esa misma noche, la Cámara de Senadores votó en bloque que el art. 28 quedara
reemplazado por una serie de normas breves que autorizaban el funcionamiento de
las universidades privadas, que no podían recibir dinero del Estado, y debían
someterse a ciertos controles administrativos. En cuanto a la habilitación
profesional sería otorgada por el Estado Nacional sin que se indicara qué
organismo público tendría a su cargo dicha función.
En junio de 1966, Onganía da el golpe de Estado y un mes
más tarde interviene las Universidades. Las camarillas profesorales cordobesas
no presentaban resistencia alguna a la bota que había ingresado a la
Universidad, salvo un pequeño núcleo encabezado por el Decano de Arquitectura.
Los estudiantes, ya en septiembre, habían comenzado a convocar tempranas
huelgas, corridas, sentadas. La represión descargaba allí la misma brutalidad
que en la Noche de los Bastones Largos.
El 7 de
septiembre de 1966 asesinan por la espalda a Santiago Pampillón. Ante esta
primera víctima, la respuesta estudiantil multiplicó su violencia. En muchos
casos la policía fue desbordada y obligada a replegarse y en ocasiones incluso
a huir en desbandada ante la lluvia de piedras. 40 manzanas del Barrio Clínicas
en Córdoba fueron tomadas por los estudiantes.
LA UNIVERSIDAD Y EL MOVIMIENTO OBRERO
Desde fines de los años 50, vemos iniciarse una confluencia de las luchas de
los estudiantes universitarios con las del movimiento obrero, con una
influencia recíproca entre las mismas. Cuando en 1968 la central obrera se
partió en dos: CGT con Vandor a la cabeza y la CGT de los Argentinos con
Ongaro, también la FUA se dividía: FUA–Córdoba dirigida por Franja Morada, bajo
influencia decisiva de Alfonsín, y FUA–La Plata conducida por el Partido
Comunista.
El 13 de mayo de 1969, un decreto del Ministerio de Economía, Krieger Vasena,
derogó una conquista obrera impuesta en 1934: el sábado inglés. El SMATA
Córdoba convocó a asamblea el día 15, la policía reprimió abiertamente y los
trabajadores respondieron en las calles. El 16 en repudio a la represión SMATA
paró, se adhirieron UTA y UOM. Ese mismo día se manifestaron los estudiantes
correntinos por reivindicaciones propias y uno de ellos, Cabral, fue asesinado
por la policía. La muerte de Cabral produjo reacciones en Rosario, donde se
organizaron manifestaciones. El 17 fue asesinado Bello y el 18 el joven L.
Blanco. El 19, en Córdoba una marcha del silencio también fue reprimida
abiertamente. El 23 tiene lugar otra refriega con la policía. La CGT de los
Argentinos, y también la dirigida por Vandor (cuyos puentes con Onganía se
habían roto), decidieron parar el 30; pero el 27 Ongaro fue detenido al llegar
a Córdoba y todo se precipitó. El 29, a propuesta de Tosco, comenzaba la huelga
activa con abandono de los lugares de trabajo a las 11 de la mañana. Se eligió
un Comité de Huelga integrado por varios sindicatos y delegados de base. La
unidad obrero-estudiantil se ponía en práctica en las calles. Rosario, Tucumán,
Mendoza, Chubut, el Cordón Industrial santafesino repitieron una y otra vez los
acontecimientos de Córdoba y poco a poco esa lucha comenzó a crear
coordinadoras, asambleas populares, comités de huelgas, interfabriles.
El 17 de noviembre de 1972 llega a la Argentina, Juan Domingo Perón. Para marzo
de 1973 se estaba convocando a elecciones nuevamente. El 1º de octubre, el
Ministro de Educación, Jorge Taiana, pidió la renuncia del Rector de la UBA,
Rodolfo Puiggrós. En el segundo semestre de ese año se hicieron elecciones en
todos los centro de estudiantes del país, en ella se consolidó el bloque del
MNR (Socialistas Populares) con Franja Morada, triunfante en casi todas las
Universidades, mientras la Juventud Universitaria Peronista (JUP) arrasaba en
Capital Federal.
El 21 de noviembre de 1973 surgió públicamente la “Triple A”, que se cebó no
solamente contra activistas obreros antiburocráticos sino también contra los
activistas estudiantiles revolucionarios y socialistas.
A la par que el tercer gobierno de Perón iniciaba una
represión brutal y selectiva contra el activismo obrero no controlado por la
burocracia sindical de la CGT, también se extendía esa represión al ámbito
universitario. En marzo de 1974 se aprobó la Ley Universitaria que permitía
separar docentes por razones ideológicas; se imponía la mayoría absoluta del
claustro docente en el gobierno de las casas de estudio y se sometía a las
Universidades a la autoridad del Poder Ejecutivo. En otras palabras: desde el
punto de vista jurídico se intentaba volver a la Universidad anterior a 1918.
El 14 de agosto
de 1974, después de la muerte de Perón, Isabel decidió los primeros cambios en
su equipo ministerial. A cargo de Educación quedó Oscar Ivanissevich, quien
desde el primer día comenzó a descargar sus dardos contra la UBA; nombró Rector
de la misma a Alberto Ottalagano, quien en un discurso en el sindicato de la
construcción, la UOCRA, a poco de asumir dijo que: el “nacional justicialismo”
se sustentaba en tres columnas básicas “la columna de la fe, la columna de
nuestra santa madre, la iglesia católica, la columna armada, la que no puede
escribir su historia contra otra pluma que no sea la espada ni otra tinta que
no sea la sangre.” Ese era el curso del gobierno de Isabel-López Rega.
LA DICTADURA MILITAR (1976-1983)
Del ’76 al ’83 se abre un período de
exterminio físico e ideológico. La dictadura, diseñada en los despachos de las
grandes empresas y en los centros de decisión del imperialismo, tuvo como
objetivo aplastar la situación revolucionaria iniciada con el Cordobazo
en 1969, que amenazaba el poder económico y político de la burguesía argentina y
el imperialismo, con la colaboración de los dirigentes de la UCR y de la
derecha peronista, en el aparato del PJ y en la dirección de la CGT.
El desmantelamiento intelectual que provocó la dictadura puede ser comparable
al económico y político. La Dictadura Militar produjo miles de víctimas en el
campo sindical, de la educación, la ciencia y la cultura. Esto dejó una herida
en la Universidad que nunca pudo cicatrizar. Se llegó al punto de proscribir
estudios universitarios como los de Sociología, y en los planes de estudio de
Exactas se eliminó la Teoría de Conjuntos. Se derogó el ingreso irrestricto y
se introdujo el arancelamiento. Se organizaron quemas públicas de libros
“subversivos”.
Es notable resaltar la gran cantidad de estudiantes que fueron inmolados por la
reacción burguesa-militar. Según la CONADEP, entre las víctimas que aún
permanecen en condición de desaparecidas y las que fueron posteriormente
liberadas habiendo pasado por centros clandestinos de detención, se encuentran:
Obreros: 30.2%
Estudiantes: 21.0%
Empleados: 17.9%
Profesionales: 10.7%
Docentes: 5.7%
Autónomos y varios: 5%
Amas de casa: 3.8%
Conscriptos y personal subalterno de las Fuerzas de
Seguridad: 2.5%
Periodistas: 1.6%
Actores, artistas, etc.: 1.3%
Religiosos: 0.3%
LA UNIVERSIDAD TRAS LA CAÍDA DE LA DICTADURA MILITAR
El Congreso Pedagógico de la democracia de los ’80, ya ubicaba a la universidad
en los lineamientos generales para el proceso privatizador y mercantilista de
la educación, que se combinaba con una universidad limitacionista con relación
a su ingreso. Comenzamos a ver en la UBA restricciones a través del CBC (Ciclo
Básico Común) o la experiencia piloto en la Universidad Nacional de Rosario
donde se implementó el Primer Año Común en la Facultad de Humanidades y Artes.
Los resultados fueron más que obvios en todos los casos ya que al segundo año
sólo ingresaba un 60% del estudiantado.
Para la década del ’90 el radicalismo, como fuerza
política y su agrupación estudiantil, crearon las condiciones materiales y
subjetivas para la aplicación de la Ley de Educación Superior y su sanción en
el ’95.
El vaciamiento de consignas como Autonomía
Universitaria fue de tal magnitud que facilitó la tarea a los personeros
universitarios del menemismo.
En manos del radicalismo
la bandera de Autonomía Universitaria
expresaba la verdadera política de liquidar la universidad pública y encausarla
a las pautas fijadas por los organismos internacionales, llámese Banco Mundial,
FMI, o FOMEC.
